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Por Orlando Freire Santana, Julio 17, 2021

LA HABANA, Cuba. — El anuncio reciente del primer ministro Manuel Marrero Cruz de que a partir del lunes 19 de julio se eliminan los pagos arancelarios, así como los límites en lo cuantitativo, para la entrada al país de alimentos, artículos de aseo y medicamentos es una muestra de la incapacidad que tienen los gobernantes cubanos para abastecer adecuadamente los centros comerciales de la Isla con productos de primera necesidad.

 

 

 

 

 

Claro que no se trata de una gama de surtidos cualesquiera, sino de aquellos que pudieran generar nuevas protestas en caso de persistir el desabastecimiento de ellos. Y el gobierno, nadie lo dude, teme que continúen las protestas populares.

Lo cierto es que ni la Agricultura ni el Ministerio de la Industria Alimenticia, a pesar de las 63 medidas adoptadas por el gobierno para fortalecer sus sistemas empresariales, producen la cantidad de alimentos que necesita el país. Además, las empresas de la industria ligera carecen de materias primas para garantizar los artículos de higiene que demanda la población y las entidades del grupo empresarial BioCubaFarma —no obstante jactarse de suministrar más de 800 productos al sistema de salud, incluyendo 349 medicamentos del llamado Cuadro Básico— no pueden asegurar los medicamentos que consumen los pacientes con enfermedades crónicas.

Hay un común denominador para todo: el país no tiene financiamiento para importar los insumos que precisan las producciones nacionales, o los productos terminados que no logre producir la nación.

No dudamos de que nuestros hermanos de la diáspora aprovechen la nueva oportunidad que se abre para socorrer al cubano de a pie, y que una parte considerable de esos alimentos, artículos de aseo y medicamentos sirvan para mitigar los déficits de consumo que afronta la población. Sin embargo, también es cierto que otra parte de esos productos pudiera ir a parar a la economía informal, a precios superiores a los fijados por el gobierno en las desabastecidas tiendas estatales. Evidentemente, una situación como esta última no sería bien vista por los burócratas de la economía planificada y los elementos de línea dura de la nomenclatura. Mas, si así fuera, debieron abjurar de su empecinamiento y al final aceptar la medida anunciada por el premier Marrero, lo que confirma la gravedad de la situación.

Tampoco hay que descartar una reacción de la maquinaria del poder que a la postre vaya dirigida contra los receptores de esa ayuda. Una reacción que no dudaríamos en calificar como la cara tramposa de la exoneración arancelaria de los alimentos, artículos de aseo y medicamentos. Porque es muy probable que algunas personas logren acumular elevados inventarios de esas mercancías, sobre todo aquellas que decidan venderlos posteriormente. Y ahí es cuando podría aparecer un chivato que informe a las autoridades que en determinada vivienda habita una persona que posee grandes cantidades de alimentos, artículos de aseo y medicamentos, y que se dedica a revenderlos sin la autorización gubernamental para ello.

Y entonces la policía y los inspectores estatales, olvidando el anzuelo lanzado ahora por el señor Manuel Marrero, la emprenderían contra el poseedor de esos inventarios, acusándolo de actividad económica ilícita y de enriquecimiento ilegal.

En fin, que de este castrocanelismo se podría esperar cualquier cosa.

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