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Por Miriam Celaya, Cubanet.org, Marzo 31, 2021

LA HABANA, Cuba. ─ El caso de la joven Karla Pérez González, quien tuvo que completar sus estudios como periodista en Costa Rica tras haber sido expulsada de una universidad cubana por motivos políticos, es el más reciente ejemplo de destierro selectivo aplicado por parte del régimen dictatorial cubano contra una compatriota nuestra, al negársele por las autoridades de la Isla su ingreso al país cuando ya ella se encontraba en fase de escala técnica en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, para

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuar hacia La Habana.

El resto del episodio es harto conocido: la solidaridad con Karla reflejada profusamente en las redes sociales, la presencia de varios colegas ante la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores reclamando explicaciones y la ambigua declaración de prensa de la vocera de dicho ministerio justificando la “no reinserción” de la periodista en su propio país.

Al margen de las absurdas consideraciones legales ─que no “legítimas”─ establecidas en la muy controvertida Ley de Migración, en virtud de la cual los nativos de esta ínsula perdemos todos los derechos al término de los dos años transcurridos a partir de la fecha de salida del país, lo cierto es que el caso de Karla dista mucho de ser una excepción.

El derecho de admisión y de permiso de salida sobre los cubanos es uno de los más antiguos y socorridos instrumentos de control político y de chantaje del régimen, a pesar de la aparente “flexibilización” introducida por la reforma migratoria de 2013 y que consistió meramente en una extensión del “permiso” de estadía en el exterior, de 11 meses y 29 días, a dos años. Por su parte, la antes conocida como “tarjeta blanca” (o permiso de salida) no se eliminó en la práctica, sino que mutó y se mantuvo latente bajo la figura retórica de “regulación”, que mantiene a discreción del gobierno la permisión o no de salida del país.

Es así como, contra todo derecho, el carácter de feudo carcelario se ha mantenido por voluntad de la elite dictatorial y constituye hoy por hoy una de las medidas más abusivas aplicadas contra los cubanos tanto dentro como fuera de la Isla, razón por la cual resulta doblemente sorprendente que todavía haya quienes pretendan justificar esta otra forma de violencia de Estado, en especial cuando el lance proviene de un sitio de la prensa independiente al cual se puede acceder desde la Isla.

Acreditar en alguna medida esta y otras tropelías habituales del castrismo haciendo recaer sobre la víctima la responsabilidad del atropello arguyendo una supuesta “falta de entrenamiento ciudadano” para enfrentarnos al Estado en estos “episodios críticos” es un desatino incomprensible, por decir lo menos.

Según el autor del dislate, Maykel González Vivero, la propia Karla selló su destino al “aceptar el oficio de víctima” y regresar a Costa Rica, acogiéndose a la condición de refugiada. Cree el candoroso periodista que Karla ─empantanada en un limbo jurídico y en absoluta indefensión en el aeropuerto panameño─ debió decir “Yo no tengo más país que Cuba”. En su lugar, le reprocha que ella haya declarado, ya desde su retorno a San José, “Costa Rica es mi nueva patria”, resolviendo así lo que él cree que, de otra manera, hubiera sido una “crisis diplomática” que le hubiera permitido su entrada a Cuba.

Definitivamente, algunas personas tienden a la ensoñación. A lo largo de los años abundan ejemplos de cubanos a la deriva en muchos aeropuertos del mundo sin que se haya registrado una crisis diplomática derivada de ello. Tampoco el texto de marras nos proporciona elementos para suponer que en el caso de Karla sería diferente la cuestión.

No obstante, hasta ahí se podría atribuir al texto de Tremenda Nota solo un pecado de ingenuidad o despiste propios de un impulso de buena voluntad que, involuntariamente, torció el camino, si no fuera porque por alguna inexplicable razón el autor aprovecha para mezclar en el mismo texto la huelga de hambre protagonizada por un grupo de jóvenes del Movimiento San Isidro (MSI) y el fallido y más reciente intento de diálogo del 27N con las autoridades culturales. En todos los casos inculpa a los protagonistas de dejar servida “la justificación para la violencia”.

“Esa predisposición a sentirnos indefensos, a justificar nuestra derrota frente a un gobierno arbitrario, es una de las actitudes que hacen fracasar cualquier reclamo de la ciudadanía”.

Así dice Maykel, “ciudadanía”, como si más de 60 años de dictadura totalitaria no hubieran despedazado todo el entramado cívico de Cuba, como si existieran en la Isla derechos de expresión y de libre asociación, como si contáramos con mecanismos jurídicos para defendernos y como si las frecuentes detenciones, golpizas y penas de cárcel contra los disidentes fueran apenas tímidos excesos y no la violencia de un Estado colosal contra una sociedad cuyos atisbos de ciudadanía apenas han comenzado a retoñar.

En el caso del MSI, González Vivero entiende que el grupo “quedó políticamente desacreditado” por iniciar una huelga de hambre que “no estaban dispuestos a sostener”, mientras el 27N “justificó” la violencia policial y de los funcionarios institucionales al negarse a entrar al Ministerio de Cultura para dialogar.

Así, en la nota se omiten convenientemente hechos tan significativos como que el allanamiento a la sede del MSI se produjo cuando algunos de sus miembros todavía se mantenían en huelga de hambre, y que la violencia policial contra el 27N había antecedido al intento de diálogo, con un fuerte operativo, cierre de calles, la movilización de las huestes repudiantes y varias detenciones arbitrarias y brutales contra activistas, que les impidieron la llegada al lugar.

Semejante encerrona ─que González Vivero no ignora─ no podría ser el marco propicio para un diálogo, de ahí la renuencia de los activistas a entrar en la sede del Ministerio. Atribuirles, encima, alguna responsabilidad en la violencia desatada contra ellos no solo es falso y dañino, sino que constituye un guiño cómplice al régimen dictatorial, sea o no esa la intención del autor.

Más aún, buscar justificaciones para la violencia que durante décadas ha estado ejerciendo el Estado contra los cubanos es mancillar la memoria de todos los que a lo largo de cuatro generaciones han sufrido el paredón de fusilamiento, la cárcel, las torturas, la fractura familiar, el hambre, la pobreza, el chantaje y otras numerosas formas de violencia que ha cometido y comete el castrismo.

Todos los cubanos hemos sido en alguna medida víctimas de la dictadura, aunque algunos nos rebelamos contra ella y aunque otros, como González Vivero, ni siquiera tengan conciencia de ello. Ojalá su pecado se limite a eso.

 

 

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