PORTADA
CONDICIONES DE USO
CONTACTOS

 

LA RESTRICCION A LA LIBERTAD DE EXPRESION

U.S. Constitution: First Amendment

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

 

1- ¿Que lo motivó a protestar de la manera en que lo hizo?
Durante 47 largos años, la tiranía de Fidel Castro ha controlado los medios de información en Cuba tanto prensa escrita como radial y televisiva. La Tiranía ha creado un verdadero y masivo bloqueo de información en todos los medios en poder del Estado. Era necesario realizar y dar un golpe audaz y bien planeado que pusiera en la televisión cubana (toda propiedad del Estado) en un momento de máxima audiencia, un mensaje que expresara el sentir mayoritario del pueblo cautivo de Cuba.

¡ABAJO FIDEL! Este mensaje entusiasmó al pueblo cubano y le demostró que el régimen del Tirano puede ser impotente si realizamos acciones bien planeadas y coordinadas. Pero sobre todo le envía un mensaje al pueblo sobre el poder de la “Desobediencia Civil”, decirle NO a todo lo que el pueblo cubano entienda que le perjudica. Porqué apoyar, aunque sea en apariencia, a un gobierno que los oprime y que ha buscado excusas al desastre que han causado durante 47 años y han llevado al país a la ruina, económica, moral, política, etc.

 

 

 

Por Gerardo E. Martínez-Solanas, Miami, octubre 6

La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU estableció la libertad de expresión y de prensa, y el Gobierno federal, o los Gobiernos estatales y locales, no pueden, legalmente, limitar esas libertades. Todos los estatutos federales y estatales regulatorios de la prensa se basan en esta garantía constitucional. Ninguna emisora de radio o TV o cualquier medio de prensa escrita patrocinados por el gobierno federal o por autoridades estatales o locales, pueden establecer normas que limiten estas libertades.

La restricción lógica que se aplica a los medios oficiales consiste en que los programas, reportajes y opiniones no tengan un sesgo partidista, precisamente porque esos medios no pertenecen al Gobierno de turno sino al Estado. Cuando se han fundado emisoras, diarios o revistas para transmitir el

mensaje de EEUU al exterior, como Radio Free Europe, La Voz de las Américas y Radio Martí, entre muchos otros, las directrices generales se refieren al carácter informativo de la programación y sus objetivos. En otras palabras, no hay pruebas de que en estas empresas del Estado los periodistas se hayan visto obligados a estar al servicio de un sector político en una labor de propaganda o de proselitismo.

Los enemigos de la democracia tergiversan la función de estos periodistas en esos medios equiparándola a la de los periodistas que bajo las dictaduras están obligados a responder a los intereses de éstas.

Las consideraciones éticas -–sean en un medio público o privado-– se refieren al mínimo de responsabilidad que se exige de los periodistas en su obligación de brindar a sus lectores u oyentes una información veraz y opiniones objetivas. No obstante, esta responsabilidad no puede en forma alguna disminuir sus derechos inalienables de libre expresión y pensamiento.

El cuerpo jurídico que elabora el derecho consuetudinario a partir de la Primera Enmienda se basa en fallos de los tribunales e interpretaciones constitucionales de la Corte Suprema.

Aunque no existe un Código de Prensa, hay una amplia base de precedentes, en las que las consideraciones éticas enfocan prioritariamente cuestiones de obscenidad, difamación, corrupción y manipulación o abuso de la información. Tales son el fallo de 1964 que exige “probada malicia real” en todo caso de difamación, otros relativos a la obscenidad definidos como de “efectos sumamente corrosivos” que puedan interpretarse como depravados o corruptores y, por lo tanto, punibles, así como cuestiones sobre los derechos a obtener y divulgar información.

Estos y otros fallos e interpretaciones jurídicas ponen en la balanza la libertad de expresión y el derecho de toda persona a preservar sus valores morales. Se trata de reconocer la libertad de expresión con una clara responsabilidad complementaria de limitar el ámbito de su divulgación cuando su abuso hace que otros se sientan agredidos en su vida diaria por esas manifestaciones. Pero básicamente los deberes éticos del periodista están en función de un par de obligaciones fundamentales: la objetividad y la veracidad. Sin el cumplimiento de estas dos obligaciones, las demás dejan de tener sentido. Ese fue el fallo fundamental en la actuación de periodistas brillantes como Jayson Blair y Dan Rather, en casos muy diferentes, pero igualmente carentes de la objetividad y la veracidad debidas.

El meollo de este complicado tejido ético es el respeto debido a quienes son objeto de la actividad periodística: los lectores, oyentes y televidentes.

En el caso reciente de los periodistas de Miami que eran remunerados por sus servicios a Radio Martí, tres de los cuales fueron expulsados de El Nuevo Herald por un supuesto “conflicto de intereses” y por violación de las normas éticas de la empresa, nunca se aclaró cuáles eran esas consideraciones éticas ni cómo las violaron. Evidentemente no tenían nada que ver con los antecedentes mencionados y sancionados por el derecho consuetudinario del país.

En cuanto al “conflicto de intereses”, Radio Martí transmite hacia Cuba noticias y programación destinadas a ofrecer al pueblo cubano una alternativa veraz y objetiva a los medios que el régimen cubano maneja con un propósito exclusivo de propaganda. Alegar “conflicto de intereses” podría interpretarse como que El Nuevo Herald no tiene esos mismos propósitos frente a la realidad de la dictadura cubana. No obstante, debemos prestar atención a la explicación ofrecida al restituir a los periodistas cesanteados en sus puestos, porque puede entenderse como una decisión de los nuevos dueños de la empresa de no aceptar que los profesionales a su servicio sirvan de ahora en adelante los intereses de otras empresas, sean éstas estatales o privadas.

Están en su derecho de hacerlo y de plantear esa condición sine qua non, pero debieron hacerlo -–antes de tomar la medida precipitada y abusiva de la cesantía a quienes les prestaban un excelente servicio-– como una cordial advertencia de que las condiciones de trabajo habían cambiado y que los profesionales involucrados debían acatarlas. No se trataba de una cuestión de ética ni de conflicto de intereses sino de nuevas decisiones que debían zanjarse en diálogo honesto y prudente negociación.

Es una lástima que, pese a la restitución, los ejecutivos de la administración de El Nuevo Herald optaran por justificarse con las mismas razones que los condujeron al error y sin intentar siquiera pedir disculpas por haberlo cometido.

No obstante, cabe señalar con reconocimiento la patente libertad de expresión ejercida por los lectores y colegas de los periodistas cesanteados con el beneplácito del Director de ese mismo periódico.

En cierto modo, este ejemplo de libertad de prensa contrarrestó con éxito las carencias demostradas por la empresa rectora.