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El autonomismo del S.XXI en Cuba

Por Hugo J. Byrne

Hace algunos años, durante el resumen de un acto conmemorando la efemérides del 7 de diciembre y antes de entrar en materia, pregunté a la concurrencia que sumaba aproximadamente unas 70 personas, si alguien recordaba quién en la historia de Cuba había sido José María Gálvez.
Creo que dos o tres personas levantaron la mano. Acto seguido pregunté si alguno entre los presentes desconocía quién era Antonio Maceo y Grajales, rogando que quien no lo conociera levantara su mano. Por supuesto, nadie la levantó. Todos los presentes conocían bien la figura histórica del Lugarteniente General del Ejército Libertador en la Guerra de Independencia de Cuba, en 1895.

El argumento que yo trataba de mostrar en esa ocasión es que la historia la hacen aquellos que tienen éxito en las actividades sociales en las que se involucren. Don José María Gálvez era el presidente del Partido Autonomista de Cuba y procuraba el establecimiento de un gobierno colonial respetuoso de los
derechos y aspiraciones de los súbditos de la Isla.

Confiaba en desarrollar una sociedad civil en nuestra tierra, pero dentro del esquema colonial español. Ese esfuerzo por supuesto, dependía para su éxito de la
cooperación continua y fuerte del gobierno de la Metrópolis. Maceo por su
parte, deseaba solamente la independencia de Cuba y en consecuencia sólo aceptaba el diálogo del cañón y la tea, extremo que dejó perfectamente


definido en Mangos de Baraguá en 1878. El obstáculo mayor para Gálvez era que el interés económico del estado Español era intrínsecamente opuesto a la existencia de un gobierno autónomo en La Habana que permitiera el comercio libre a los nativos de
Cuba. El desarrollo industrial de la época motivaba a los cubanos a negociar directamente con los mercados más cercanos. Eso habría dejado fuera del juego al intermediario peninsular que imponía la colonia, anulando las enormes ventajas materiales que para Madrid representaba Cuba como dependencia española ultramarina. La autonomía hubiera convertido a Cuba para España, de una ganancia comercial inmensa, en una pérdida considerable. Por esa razón Gálvez nunca tuvo la menor posibilidad de éxito. La única solución para obtener una autonomía real, permanente y soberana era la independencia. Y la única manera de lograrla era suprimiendo todas las coyundas que nos amarraban a la “Madre Patria”, a través de la guerra.

Poniendo todo eso en el contexto adecuado y en una cápsula, ésa es la
razón por la que nadie recuerda a José María Gálvez y por el contrario, todos saben de Maceo. Gálvez murió en su cama y Maceo en la guerra, pero de los dos sólo el segundo logró éxito póstumo. Analicemos nuestro predicamento de hoy a la luz de esa experiencia histórica. En Cuba estamos sufriendo un gobierno totalitario por
antonomasia durante los últimos 46 años, que ha obtenido y mantiene el poder político total por medios violentos. Los verdaderos jerarcas del régimen --que, a diferencia de la errónea percepción popular-- no son sus conocidos voceros, tienen una identificación con el sistema que ha sido meticulosamente sellada en sangre. La violencia es la estructura misma del sistema y la que procura perpetuarlo más allá de la muerte o incapacitación de Castro. El régimen castrista está defendido en lo físico y en lo político por una guardia pretoriana acaudillada por unos 100 a 120 generales, más de 200 coroneles y cerca de un millar de altos oficiales de menor graduación,
repartidos entre el MINFAR y el MININT. Quienes encabezan estas estructuras de poder totalitario y en especial el Ministerio del Interior (MININT) son quienes dirigen totalmente la vida social y económica de Cuba, respondiendo únicamente al Consejo de Estado castrista. Son en estos organismos donde se concentran los resortes del poder absoluto del régimen, lo que incluye por supuesto el aceitado y eficiente
aparato de terror.

El Partido Comunista, su Comité Central y la llamada Asamblea del Poder Popular, etc., son entidades de relaciones públicas, ausentes totalmente de poder político real y a expensas de las decisiones del Consejo de Estado que dirige a Cuba con mano de hierro. La sucesión en el sistema totalitario castrista es decidida por este furtivo y reducido cónclave. Todos los altos oficiales de los cuerpos armadas castristas; MINFAR o MININT (ABSOLUTAMENTE TODOS DESDE TENIENTE CORONEL HACIA ARRIBA), tuvieron que formar parte de escuadras de fusilamiento como equisito del curriculum en la academia militar castrista, sin cuya condición no sólo no se habrían graduado, sino que hubieran sido detenidos y acusados de traición. Ese sistema fue copiado en Irak por Sadam Hussein, quien forzara a los miembros de su Partido a participar en la ejecución de los militantes purgados. Esa ocasión ha quedado dramáticamente preservada en“tape” a la posteridad. Esa es la razón de que la alta oficialidad de Castro, formada primero en la Academia Frunze de la extinta Unión Soviética y posteriormente en la llamada “Antonio Maceo” en Cuba durante
la década de los sesenta, setenta y ochenta, nos luzca vieja en promedio, al compararla a sus contrapartidas en las fuerzas militares de otras naciones. No perdamos de vista que el totalitarismo castrista como su nombre indica, se ha desarrollado alrededor de un individuo.

No hace falta ser muy avispado para comprender que esa dirección política absoluta decide y decidirá lo que puede o no suceder en Cuba , mientras monopolice el uso de la violencia. Lo que conocemos como disidencia pacífica interna, en todas y cada una de sus manifestaciones, sólo puede ocurrir con la anuencia implícita o explícita del régimen, dependiendo de la legitimidad o ilegitimidad del individuo o grupo disidente. Que no todos las organizaciones e individuos identificados con la“disidencia” son legítimos (percepción lógica dadas las circunstancias), quedó en consecuencia perfectamente demostrado durante el arresto de los 75 opositores en el año 2003. Más del diez por ciento entre los presuntos“disidentes” se identificaron a sí mismos como agentes infiltrados por la Seguridad del Estado castrista y prestaron declaración acusatoria pública contra los arrestados. Entre ellos estaban quienes habían enviado escritos que fueran publicados por la prensa exiliada a bombos y platillos. Entre ellos estaban quienes habían llevado la voz cantante en recepciones diplomáticas que incluían la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, mejor conocida por los cubanos como el edificio que está frente al “Protestódromo”. Al igual que ocurriera con los cubanos del siglo XIX, quienes aspiren hoy a obtener una sociedad civil para nuestra patria, si honestamente tratan de alcanzarla por medios pacíficos, encontrarán siempre una oposición oficial absoluta.

Una sociedad civil no puede obtenerse sin la cooperación de quienes detentan el poder, cuando ese poder es absoluto y total. La autodisolución voluntaria del sistema es imperiosa para cualquier tipo de “transición pacífica”. El insalvable obstáculo reside en que la voluntad de autodisolverse no existe por parte del régimen, porque el reconocimiento de derechos implicaría inexorablemente justicia para los millones de cubanos a quienes esos derechos han sido suprimidos por más de cuarenta y seis años. Quienes detentan el poder saben de sobra que un estado de derecho recabaría justicia para los millones que fueron despojados de su legítima propiedad u honrado modus vivendi, para los cientos de miles que han sufrido y sufren el horror del presidio político castrista y en especial, para las decenas de miles que han sido asesinados a mansalva o que han perecido injustamente debido a la existencia ilegal de régimen. La aparición de la “disidencia pacífica” en Cuba exige de quienes se preocupen seria y honestamente por del futuro de nuestros compatriotas y por nuestro derecho a reconstituir una sociedad civilizada, un análisis racional de sus reales perspectivas de éxito. Ese análisis conduce inexorablemente a una conclusión objetiva: La disidencia pasiva tiene aún menos probabilidades de éxito político en la Cuba de hoy que la que tenían los autonomistas de 1878. ¿Por qué? De haber aceptado Madrid las demandas autonomistas, las únicas pérdidas para la colonia, aunque descomunales, habrían sido sólo de índole económica. Quienes hubieran abusado de sus posiciones burocráticas o castrenses, aparte de la inherente humillación de perder los gajes del poder político, habrían podido regresar a España a disfrutar de seguridad y libertad personales. Sus abusos y crímenes habrían permanecido impunes. Eso fue lo que ocurrió de todas formas, después del inevitable final de la llamada Guerra Hispanoamericana, guerra que Madrid sabía que habría de culminar en derrota y que a pesar de eso increíblemente aceptara con el único ostensible e innoble propósito de mantener la absurda hegemonía monárquica para España.

Los castristas responsables de crímenes (QUE SON QUIENES DETENTAN EL PODER) tienen muchísimo más que perder con la instauración de un estado de derecho en la Cuba de hoy.

Son demasiados para pretender refugio en el extranjero y entre pertenecer a una clase privilegiada, aunque ese privilegio cada vez se reduzca más en virtud de la ineficiencia y miseria concomitantes al totalitarismo socialista, o la probabilidad de terminar la vida en la prisión o incluso el cadalso, la disyuntiva no es difícil. Por otra parte, la presencia en Cuba de la llamada “disidencia” representa también un aspecto positivo para el régimen castrista y por eso es parcialmente tolerada. Esa presencia significa un cierto alivio a la presión social que produce la miseria colectiva y una cierta justificación política a la propaganda castrista en el exterior. También representa una cantera de posibles rehenes con los que el régimen pueda extorsionar a sus críticos en el exterior, como lo demuestran las “concesiones” recientes de La Habana a la Unión Europea.

Los más conocidos disidentes como Elizardo Sánchez Santa Cruz y el creador del llamado “Proyecto Varela”, Oswaldo Payá Sardiñas, coinciden con el régimen castrista, no sólo en la denuncia hipócrita al embargo económico norteamericano, sino también en el continuo ataque al exilio militante.

La facilidad asombrosa con que desarrollan sus actividades, las que incluyen privilegios del sistema como frecuentes viajes al extranjero y llamadas telefónicas de larga distancia, indican objetivamente una medida de complicidad oficial en sus quehaceres. Es significativo (y notorio) que ambos; Sánchez Santa Cruz y Payá Sardiñas, no fueran apresados durante la muy publicitada represión a la disidencia en el 2003. Ambos fueron frecuentemente “arrestados” con antelación a esa fecha, pero con la excepción de un período en los campos de “rehabilitación” de la UMAP para Payá Sardiñas, nunca por más de pocos meses y nunca mezclados con otros prisioneros políticos. Estudiemos con cuidado el decir y el hacer de aquellos “disidentes” que terminan por ubicarse en el extranjero.